PROGRAMA DE GOBIERNO – MAS
2. ÁREA SOCIAL
2.1 SEGURIDAD CIUDADANA
La violencia criminal, el delito y la corrupción están poniendo en riesgo la normalidad, tranquilidad y vida de nuestra comunidad pero además la continuidad democrática. Los costos de la violencia y la inseguridad golpean a los más pobres. La desconfianza entre ciudadanos está minando la solidaridad en la comunidad. Cada día, la ciudadanía desocupa los espacios públicos y sobre este vacío opera la ilegalidad. Al mismo tiempo, la distancia entre ciudadano y Estado constituye la brecha sobre la que actúa el delito. Un rasgo que caracteriza a las autoridades es la permanente promesa de mejorar el rendimiento policial. Para descargarse de esta responsabilidad, el poder político no sólo criminaliza la pobreza sino también estigmatiza a los movimientos sociales a quienes culpa del incremento de la inseguridad. El fenómeno del delito tiene múltiples causas, entre las que destaca la pobreza, debilidad de las instituciones del Estado, inadecuado modelo de seguridad y corrupción pública. De todos ellos, la impunidad, la inequidad y la injusticia incrementan la vulnerabilidad ciudadana y agravan la sensación de inseguridad. Gran parte de los delitos de mayor impacto económico y social son los delitos de "cuello blanco".
En el último quinquenio, las tasas de homicidio se incrementaron en más del 300% a pesar del significativo aumento en el gasto público. Entre 1990 y el año 2004 el incremento en el presupuesto de seguridad aumentó en más del 360%. En 1990, cada ciudadano boliviano pagaba 27 bolivianos por su seguridad, hoy cada boliviano paga 198 bolivianos y la sensación de inseguridad es mucho mayor que hace una década. La seguridad privada no es una solución a la inseguridad pública y tampoco lo es el aumento de policías, cárceles o recursos económicos para esto. El delito prospera con mayor velocidad e impunidad en sociedades pobres, desempleadas y carentes de acceso a servicios públicos.
2.1.1 Filosofía de la Seguridad Ciudadana
En un enfoque de justicia social. Rechazamos la seguridad como un concepto vinculado al orden público y la represión.
El delito como la criminalidad organizada son fenómenos sociales que tienen que ver con las distorsiones y los efectos que genera la inequidad, injusticia social, pobreza y un modelo económico excluyente. En muchos casos, la delincuencia es un reflejo de la injusticia y por ello el MAS apuesta a cambiar el patrón de desarrollo económico y transformar la gobernabilidad pactada por una democracia participativa y multiétnica. El MAS propone trabajar sobre las causas de la inseguridad pero también sobre sus consecuencias. Es más justo y adecuado construir una sociedad igualitaria y democrática que tratar de contener represivamente a la sociedad al amparo de supuestos delitos atribuidos a los pobres. La única forma de garantizar la paz y una democracia participativa e incluyente es construyendo una sociedad que acceda a la justicia y practique plenamente sus derechos constitucionales.
La seguridad se basará en la necesidad de la gente, no del poder político
La seguridad es un bien público y por lo mismo, será un servicio distribuido de manera equitativa, igualitaria y universal. La seguridad es un derecho constitucional y no sólo una mera aspiración para la mayoría. La gente más pobre es la más vulnerable y los barrios urbanos más pobres están huérfanos de protección social.
La seguridad constituye un derecho individual, colectivo e igualitario
Todos los bolivianos tienen el derecho de acceder a los bienes públicos, entre ellos la seguridad. La seguridad no está divorciada de la protección de los derechos humanos. Todo lo contrario, sin protección de los derechos humanos no podríamos pensar en la existencia de seguridad. El viejo sistema político ha abusado de la fuerza pública y ha colocado la seguridad por encima de los derechos humanos. Solo así ha logrado preservar el poder y mantener el sistema político libre de toda perturbación
La seguridad ciudadana es una parte intrínseca de la Seguridad Humana
El MAS asume la seguridad ciudadana como una expresión inherente a la Seguridad Humana. Los ciudadanos mejoraremos nuestra seguridad en la medida en que accedamos igualitariamente a los servicios públicos, disminuyamos la pobreza, incluyamos más a los excluidos, reduzcamos la brecha entre pobres y ricos, construyamos espacios deliberativos, ejerzamos mejor nuestra ciudadanía y privilegiemos la tolerancia, el respeto recíproco y practiquemos valores democráticos en una sociedad multicultural.
2.1.2 Acciones para revertir la Crisis de Seguridad Ciudadana
El gobierno del MAS se compromete a realizar las siguientes acciones:
1) Asumirá el manejo de la agenda de seguridad ciudadana con la mayor responsabilidad, urgencia y prioridad. Lo hará desde la propia Presidencia de la República y para ello, convocará a los mejores ciudadanos y ciudadanas a formar parte de un equipo multidisciplinario e institucional para encontrar las fórmulas más directas, democráticas y posibles que ayuden a resolver esta problemática.
2) Restablecerá el principio de liderazgo y gobierno real y efectivo sobre la seguridad ciudadana. Esto implica ejercer plenamente las facultades de civiles, políticas e institucionales para conducir, administrar, liderizar y transformar de manera soberana las capacidades estatales para proveer un servicio eficiente de seguridad a la ciudadanía.
3) Llevará a cabo un intenso proceso de reordenamiento e institucionalización del Ministerio de Gobierno, cuya función esencial estará orientada a forjar una Política de Seguridad Ciudadana con la mayor participación de la ciudadanía.
4) Institucionalizará el manejo de la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento y desarrollo de capacidades gubernamentales para producir información y conocimiento adecuado y oportuno sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad.
5) Promoverá la formación de funcionarios civiles y policiales competentes y especializados en la gestión pública de la seguridad, tanto para el Ministerio de Gobierno como para los gobiernos regionales.
6) Diseñará estrategias de trabajo planificado, organizado y coordinado con las autoridades prefecturales y municipales respondiendo a las necesidades específicas de la gente, de las regiones y los problemas que ofrecen los territorios en los que existe vacancia estatal.
7) Se fortalecerá, equipará e incrementará recursos inmediatos a las unidades operativas vinculadas con la investigación preventiva contra el crimen y el delito.
8) Se desmilitarizará las estrategias de seguridad ciudadana que hasta la fecha no han resuelto el problema del delito
9) Se promoverá la coordinación entre operadores de justicia y organismos de seguridad, pero al mismo tiempo se ejercerá el mayor control sobre las empresas de seguridad privadas colocándolas al servicio de la política de seguridad ciudadana.
10) Se creará un Fondo Especial para el diseño y ejecución sostenida de la Política de Seguridad Ciudadana que comprende, además de otras tareas, la modernización de la Policía Nacional.
11) Se formulará y aprobará, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, normas, prescripciones, regulaciones y leyes que sean necesarias para otorgar sostenibilidad, transparencia, competencias, eficiencia y recursos a la política de seguridad.
12) Presentará un Proyecto de Reforma de la Seguridad Ciudadana y de sus instituciones a la Asamblea Constituyente preservando principios de unidad nacional, descentralización y competencias subsidiarias.
2.1.3 Propuestas de Seguridad Ciudadana corto plazo
El MAS promoverá en el plazo más breve posible la transformación de las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno convirtiéndolo en un organismo eficiente, abierto a la sociedad, transparente, democrático y profesional, pero fundamentalmente se contará con un cuerpo institucional operativo, cuyo objetivo central será la prevención del delito. Para este efecto se tomará las siguientes decisiones:
1) Creación de una estructura moderna para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. Esto implica desarrollar una Dirección Colegiada de Planificación Estratégica que sustente e impulse la Política de Seguridad Ciudadana.
2) Construcción de un sistema de producción especializada y científica de información y conocimiento sobre comportamiento del delito en todo el territorio nacional. El Instituto de Investigación Social sobre Crimen Organizado (IISCO).
3) Creación de unidades altamente especializadas para la contensión, control y represión de delitos complejos y crimen organizado.
4) Desarrollo de sistemas de georeferenciamiento a nivel regional y local en torno al comportamiento del delito.
5) Implementación de mecanismos de coordinación, control social, fiscalización estatal y transparencia que fortalezca el desempeño del Ministerio de Gobierno e impulse la aplicación de la política de seguridad ciudadana.
6) Mejoramiento de la infraestructura, adquisición de equipo y tecnología dirigida a la prevención del delito pero al mismo tiempo, capacidad para desarrollar mecanismos y estrategias democráticas en la prevención y solución del conflicto social.
7) Creación de un organismo vinculado a la producción de inteligencia preventiva
2.1.4 Modernización de la Policía Nacional
Se llevará a cabo un profundo proceso de modernización y democratización concertada entre los poderes públicos, Policía Nacional y sociedad, orientada a su:
1) Transformación educativa y profesionalización
2) Desburocratización
3) Desmilitarización de su matriz operativa
4) Descentralización y desconcentración territorial (Población/ Territorio/ Policía)
5) Especialización y jerarquización de roles y funciones
6) Mejoramiento de la calidad de vida y dignificación del policía
7) Desarrollo científico e innovación tecnológica
8) Transparencia administrativa
9) Una política nacional plenamente integrada a la sociedad y respetada por los ciudadanos
Se pondrá en marcha un nuevo modelo de gestión policial basada en programas de policía comunitaria a partir de la cual, se devolverá al ciudadano la confianza en la autoridad pública y a su vez, se recuperará el espacio público en coordinación con el municipio y las prefecturas. Se ejecutará un proceso inmediato de desconcentración de responsabilidades policiales a las prefecturas y municipios sin que ello signifique autonomía de gestión.
2.1.5 Régimen Penitenciario
El gobierno del MAS asumirá con el mayor vigor posible la gestión, administración y liderazgo institucional de las cárceles hasta que éstas sean transferidas al Ministerio de Justicia. Entretanto, se promoverá la formación de una Policía Penitenciaria Especializada.
Además de garantizar la seguridad de las cárceles, se aplicará un vigoroso programa de rehabilitación, reinserción y enmienda a favor de los internos. Esto implicará asistencia social, apoyo a la formación laboral, restablecimiento de sus derechos ciudadanos, administración más eficaz, competente y transparente de los recursos y un acceso más expedito a la administración de justicia.
2.1.6 Migración
Se procederá inmediatamente a un proceso de institucionalizacion y modernización de los sistemas integrados de control migratorio. Se introducirá recursos tecnológicos para contar con una red integrada de control de ingreso y salida de personas. Se pondrá un especial énfasis en el control territorial y vigilancia fronteriza. Además, se trabajará intensamente en la coordinación con organismos similares de la región.
2.1.7 Identificación y Certificación
Una de las prioridades del gobierno del MAS será la expansión de servicios de provisión de documentos de identidad a los ciudadanos, particularmente del campo. Este trabajo será coordinado con las autoridades públicas, entre ellas la Corte Nacional Electoral, Policía Nacional, Migración y otras. Al mismo tiempo se impulsará, en el menor tiempo posible, un proceso de modernización para la digitalización de los servicios de identificación y otorgación de certificaciones.
2.1.8 Fronteras
El control territorial es una forma de ejercicio de la soberanía y presencia efectiva del Estado orientada a preservar la seguridad de los ciudadanos y de sus instituciones. Por ello, el gobierno del MAS, junto a las autoridades regionales y locales, llevarán a cabo un ambicioso programa de seguridad fronteriza y transfronteriza enfocada en la instalación de una red informática de control vinculada a migración, identificación, Aduana Nacional, Policía Nacional y otros. Se institucionalizará y profesionalizará esta función estatal pero, al mismo tiempo, se trabajará de manera estrecha y coordinada con las autoridades de los países vecinos.
2.1.9 Prevención Social
La política de seguridad no sólo es control, también implica prevención. En este campo, las prioridades del gobierno serán maximizar recursos para mejorar la inclusión social, crear fuentes de empleo, cooperar a los gobiernos regionales y municipales en el desarrollo de capacidades productivas y promover la inversión privada con alto impacto social. En éste contexto, nuestro énfasis será trabajar con los jóvenes, niños y niñas y adolescentes. Recuperaremos los espacios públicos para la participación de la ciudadanía, promoveremos el deporte en sus diversas dimensiones y áreas, articularemos la integración de la población joven de las ciudades al campo y viceversa. Priorizaremos nuestro apoyo en el campo de la rehabilitación social de consumidores de droga, apoyaremos programas a favor de jóvenes en situación de vulnerabilidad y marginalidad y enfocaremos nuestra atención en la educación democrática y preventiva.
2.1.10 Control Social, Participación, Cultura de Seguridad y Financiamiento
Ninguna política de seguridad puede ser democrática sin la participación de la gente. Este es un compromiso y un mandato que será ejercido en todos los procesos de modernización e institucionalización. La sociedad no sólo estará informada sino que participará de la toma de decisiones estratégicas. Hombres y mujeres estarán comprometidos con la ejecución de las políticas bajo un criterio de corresponsabilidad. La transparencia será otro recurso esencial para el cambio. Cambio sin transparencia no es democracia. De igual forma, alentaremos la pluralidad de ideas, opciones, valores y conductas. Solo una sociedad tolerante es menos violenta. Trabajaremos con todos los medios de comunicación de manera abierta, flexible, respetuosa y fundamentalmente con enfoque ético en la construcción de bienes públicos vinculados a la información.
Nuestra meta es promover una cultura democrática de la seguridad sustentada en un mejor conocimiento e información sobre el fenómeno delictivo. Para ello, comprometeremos a las universidades públicas y privadas en programas de investigación social aplicada, abriremos foros para el debate constante y produciremos información confiable, oportuna y útil para la toma de decisiones de Estado.
El presupuesto de la seguridad será uno de los aspectos medulares sobre el que trabajaremos para restablecer principios de transparencia, buena asignación y distribución del gasto, redistribución de competencias y funciones y manejo transparente. Asimismo, en el proceso modernizaremos la toma de decisiones y la planificación económica de la seguridad con el objetivo de reducir los costos de la seguridad maximizando los beneficios.
2.1.11 Cooperación Internacional
Estamos concientes que la seguridad constituye un bien público no sólo nacional sino también internacional, sometido cada vez más a la influencia perniciosa de organizaciones criminales locales y transnacionales. Por ello, nuestra política será trabajar de manera cooperativa y soberana con organismos, estados amigos, países aliados e instituciones u organismos. Empero, este trabajo será llevado a cabo privilegiando nuestros intereses, objetivos y políticas. El respeto, consideración, cooperación, coordinación, control y no ingerencia en asuntos internos serán normas de conducta que se aplicarán en nuestro gobierno en materia de seguridad.
BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA