PROGRAMA DE GOBIERNO - MAS
1.4 SECTORES DE LA MATRIZ PRODUCTIVA
1.4.1 HIDROCARBUROS
Como resultado de la aplicación de la política neoliberal, los hidrocarburos fueron entregados a manos privadas y el control y dirección de este sector estratégico de la economía nacional quedó en manos de empresas transnacionales. Nos condenaron a "comprar" de las empresas transnacionales nuestro propio gas y nuestro propio petróleo, y quitaron al Estado toda posibilidad de utilizar estas riquezas en beneficio del país.
Frente a esta situación es que se ha levantado una profunda conciencia nacional sobre la necesidad de recuperar la propiedad de nuestros hidrocarburos y de recuperar el control y la dirección de este sector estratégico para que sirva a los intereses nacionales.
La consigna de la "nacionalización de los hidrocarburos" se ha convertido definitivamente en un imperativo histórico si queremos hablar de dignidad, de soberanía y de desarrollo productivo del país. El pueblo comprende claramente que si estas ingentes riquezas no vuelven a nuestras manos, nuestra Bolivia estaría condenada a seguir siendo un país mendigo y despreciado en el contexto internacional.
Por eso es que en este marco histórico nuestros objetivos son:
- La nacionalización de los hidrocarburos
- Tener el total control y dirección estatal del sector hidrocarburífero
- Lograr la soberanía energética,
- Lograr la industrialización del gas, y
- Utilizar esta riqueza para el desarrollo social y productivo del país.
El control de este sector es estratégico para el país, porque de este sector depende el actual desenvolvimiento de la economía, la reactivación y el futuro desarrollo económico y social, la soberanía, la dignidad y la integridad del país.
Para conseguir estos objetivos es necesaria la acción de un Estado y un gobierno fuertes, y la decisión colectiva de todos (naciones originarias, clase media, intelectuales, etc.).
Un Estado y un gobierno fuertes permitirán a Bolivia enfrentar a los grandes poderes e intereses transnacionales. Y sólo un gobierno que represente y canalice la voluntad del pueblo boliviano expresada en las jornadas históricas que hemos vivido, será un gobierno fuerte.
Las medidas que se tomarán para alcanzar los objetivos son:
a) Nacionalización efectiva de los hidrocarburos
Las grandes movilizaciones y jornadas históricas han permitido que en la nueva ley de Hidrocarburos se establezca que todos los hidrocarburos extraídos de nuestros pozos son de propiedad del Estado y deberán ser entregados a éste. Esto implica que el Régimen de Concesión impuesto por la política neoliberal, expresado en los actuales Contratos de Riesgo Compartido, deja de existir y se abre paso a un nuevo régimen, el llamado Régimen de Prestación de Servicios.
En el antiguo Régimen de Concesión, las empresas petroleras adquieren la propiedad de todos los hidrocarburos que extraen y por lo tanto deciden a quién vender, a qué precio vender, etc., con el sólo requisito de pagar regalías e impuestos al Estado (cláusula tercera de los actuales Contratos de Riesgo Compartido). En el nuevo Régimen de Prestación de Servicios, por el contrario, todo el gas y el petróleo que se extrae debe ser entregado en propiedad al Estado Boliviano (el 100% es del Estado), y es el Estado Boliviano el que define a quién vender, a qué precio vender, etc.
Las empresas transnacionales, en el mercado oligopólico que construyeron bajo el anterior régimen tenían no solo la capacidad sino la total libertad para determinar o fijar precios. Con el nuevo régimen, el Estado será quien fije los precios del mercado interno y de exportación.
Cuando YPFB opere directamente todo se quedará en manos del Estado, pero cuando YPFB no pueda hacerlo por sí misma podrá contratar a su servicio a empresas operadoras. En este caso, el Estado, después de recibir en propiedad el 100% de la producción definirá el porcentaje que se pagará a la empresa operadora por los servicios prestados al Estado Boliviano. Este porcentaje no podrá ser mayor al 50%.
Si bien la ley de Hidrocarburos Nº 3058 establece este cambio de régimen y la conversión obligatoria de los Contratos de Riesgo Compartido, su ejecución práctica es lo que queda en duda ya que -a través de reglamentos y contratos engañosos- se puede vulnerar esta disposición legal. Por eso se hace necesaria la `nacionalización efectiva' de los hidrocarburos o la `nacionalización de hecho', es decir que el Estado tome posesión física de la producción. Ese es el primer paso para el logro de nuestros objetivos.
La inconstitucionalidad de los Contratos de Riesgo Compartido está comprobada, por lo que no cabe ni aceptaremos ningún reclamo de las empresas petroleras que pretenda continuar con el anterior régimen de concesión.
Toda actividad hidrocarburífera tendrá que realizarse de acuerdo a las necesidades e intereses del país en el marco de una Política Nacional de Hidrocarburos.
En este sentido los nuevos contratos que pudieran firmarse con empresas petroleras y los reglamentos que tendrán que aprobarse, deberán establecer inequívocamente el control y la dirección estatal de la industria petrolera.
Por lo tanto, las actuales empresas extranjeras que operan en el país tienen dos alternativas:
• Para seguir operando en el país, firman nuevos contratos dentro del régimen de prestación de servicios y se someten a la dirección y el control Estatal
• O dejan de operar en el país
En este último caso, si las empresas se retiran de forma pacífica y concertada, el gobierno no tomará acciones de expropiación ni confiscación. En caso de que tomaran medidas en contra de la economía y la soberanía del país, el gobierno nacional podrá recurrir a acciones de expropiación o nacionalización por causa de utilidad pública -en el estricto sentido jurídico- (reconocidas por las leyes bolivianas e incluso por los tratados internacionales de protección a la inversión extranjera).
b) Control y dirección estatal del sector hidrocarburífero
Poner en marcha el nuevo régimen de prestación de servicios no se limita a ejercer el derecho propietario del gas y el petróleo que se extrae de nuestros pozos, sino que además implica el control y la dirección estatal de la industria petrolera, bajo el mando y la tuición de la nación.
En otras palabras es necesario que toda la actividad del sector se realice de acuerdo a una Política Nacional de Hidrocarburos y en el marco de un Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos que reorienten las actividades del sector.
Actualmente estas actividades se orientan a la exportación de hidrocarburos como materia prima y se deja de lado el abastecimiento del mercado interno.
Actualmente se pueden conseguir hasta 5.000 millones de dólares de financiamiento externo para exportar gas pero no se consiguen unos cientos de millones para abastecer de gas a la población y a la industria nacional.
La nueva Política Nacional de Hidrocarburos y el Plan Maestro reorientarán la actividad del sector hacia el logro primero de la soberanía energética y luego hacia la exportación de hidrocarburos con valor agregado es decir, la exportación de productos industrializados derivados del gas y el petróleo.
El instrumento para poder llevar adelante la nueva Política Nacional y el Plan Maestro es indudablemente YPFB. Es necesaria una empresa estatal fuerte, que tenga la capacidad de operar en toda la cadena productiva y ejercer en nombre del Estado el control y la dirección del sector.
Para lograr este objetivo, se propone fortalecer YPFB como empresa autárquica con autonomía de gestión y lograr su definitiva consolidación mediante los recursos provenientes de su propia actividad en el sector, la reinversión de las utilidades y los impuestos adicionales que reciba de acuerdo a la nueva Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, por la situación actual de emergencia que atravesamos con una empresa estatal prácticamente inexistente como producto de la aplicación del neoliberalismo, es necesaria una acción rápida que nos asegure inversiones, tecnología y mercados a corto plazo.
¿Cómo conseguirlos?
La actual situación internacional del sector hidrocarburífero y el contexto que se da a nivel regional, hacen que una alianza estratégica con empresas estatales -en el marco de acuerdos regionales- no sólo sea perfectamente viable sino necesaria e imprescindible para el desarrollo y estabilidad regional.
En el marco de estos acuerdos, YPF. podrá sin duda garantizar las inversiones, tecnología y mercados que necesita. La importancia y magnitud de nuestras reservas y nuestra posición geográfica nos permitirán no sólo participar en estos procesos de integración sino también adquirir un rol esencial y protagónico que es necesario convertir en un apoyo regional decidido a la refundación y potenciamiento de YPFB. Sin dejar de lado los cálculos económicos, por la situación política regional, estamos en condiciones de lograr contratos y relaciones económicas de reciprocidad y beneficio mutuo.
Se han iniciado ya -por necesidad histórica- no sólo procesos de integración energética regional sino procesos avanzados de integración estratégica de los Estados que se expresan en los proyectos de Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica.
c) Soberanía energética
El cambio de régimen en el sector hidrocarburífero, que -como hemos explicado- implica la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos producidos en el país, el control y la dirección estatal del sector y el inmediato potenciamiento de Y.P.F.B., apunta como objetivo estratégico a lograr y conquistar la soberanía energética del país.
La soberanía energética no implica solamente el hecho de que el país produzca lo que consume, implica que el país tenga la capacidad real y objetiva de tener en sus manos la producción hidrocarburífera para garantizar su consumo energético y su desarrollo productivo, sin depender de nadie.
No basta con nacionalizar los hidrocarburos. Sin una clara visión estratégica, estas medidas podrían terminar sólo en medidas dirigidas a paliar procesos recesivos y de crisis económicas coyunturales o podrían reproducir el ciclo perverso de estar condenados a ser exportadores de materias primas con una economía nacional dependiente, atrasada y en continuo proceso de pauperización. Estas medidas sólo tienen sentido si se orientan a convertir a los hidrocarburos en el motor del desarrollo del país, cuyo requisito indispensable es la soberanía e independencia ante cualquier poder extranjero.
En el marco del objetivo de la soberanía energética se plantea el cambio de Matriz Energética que implica que nuestro consumo de energía se base en la materia prima que tenemos suficientemente que es el gas natural. Se trata pues de lograr la rápida generalización del uso vehicular, domiciliario, social e industrial del gas natural. De esta manera se logrará una significativa mejora en la calidad de vida de la población y al mismo tiempo una significativa mejora en la capacidad competitiva de nuestra industria. Es necesario e indispensable utilizar los recursos hidrocarburíferos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la reactivación del aparato productivo nacional. La gran ventaja de contar con ingentes reservas de gas nos permite satisfacer estos objetivos a través del cambio de matriz energética.
En cuanto a la mejora de la calidad de vida nos referimos a ampliar y generalizar las redes de acceso al gas domiciliario y de los centros de salud y educativos, de manera que, con bajos precios, el uso del potencial gasífero del país implique una disminución de los gastos indispensables de las familias.
Por otro lado, implementando el uso del gas, a precio de costo, en la industria nacional, obtenemos una sustancial rebaja de costos de producción, y la correspondiente elevación de los niveles de competitividad y eficiencia de la industria nacional.
d) Lograr la industrialización del gas
La industrialización del gas natural constituirá un hecho histórico fundamental ya que permitirá iniciar un proceso de cancelación de una historia larga que consistió en concentrar la actividad económica en la producción y exportación de recursos naturales como materias primas.
Hablamos de industrializar el gas y el petróleo en nuestro territorio, por parte del Estado Boliviano, y -sólo si es necesario- en asociación con capitales extranjeros. Estas condiciones se plantean para que el Estado Boliviano sea el principal beneficiario de las ganancias que genera el proceso de industrialización.
Para definir una política agresiva de industrialización del gas natural se plantea priorizar los siguientes proyectos:
Transformar el gas húmedo en gas seco.
Es necesario implementar un proyecto de separación de gases lo que posibilitaría vender el metano y los otros gases a precios diferenciados provocando mejores réditos para el Estado boliviano y garantizando el abastecimiento interno de GLP.
Industrializar el metano para obtener diesel ecológico GTL
El proyecto de transformación del metano en diesel ecológico debe iniciarse cuanto antes por su importancia para asegurar la soberanía energética del país, para la eliminación de la importación de diesel y su consiguiente subsidio y por su potencialidad para la exportación de productos con valor agregado.
Entre las características fundamentales del diesel ecológico y por ese motivo su demanda a nivel internacional es que no contiene elementos de contaminación, en especial azufre ni aromáticos.
Se estima que una planta de esta naturaleza con capacidad de producción de 10.000 barriles de diesel por día, requerirá de una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares y un tiempo de instalación de montaje de 3 años.
e) Utilizar esta riqueza para el desarrollo social y productivo del país
El eslabón final de la cadena consistirá en la aplicación de mecanismos que hagan que -tanto el Estado como la inversión privada- utilicen los recursos emergentes de la explotación e industrialización de nuestros hidrocarburos en la inversión productiva y el desarrollo económico.
Los hidrocarburos, como recursos estratégicos y no renovables, deben tener una función esencial en el desarrollo del país, impulsando el crecimiento de diferentes sectores productivos, desde la micro-empresa y pequeños productores campesinos hasta la gran industria nacional, en los diferentes sectores y regiones.
Los ingresos provenientes de la exportación de gas natural y su respectiva industrialización tendrían que aportar al cambio significativo de la tendencia histórica de producir y exportar materias primas cuyos saldos económicos y sociales dejan mucho que desear. Para que ocurra esto es fundamental tomar decisiones en el sentido de no permitir la distribución fragmentada de estos recursos como ocurrió con la nueva ley. El Estado boliviano, en el marco de una estrategia de desarrollo, debe privilegiar el uso de estos recursos, primero para potenciar YPFB y, segundo, para llevar adelante una política de desarrollo productivo a través de la nueva matriz productiva que planteamos, con capacidad de generar ahorro, inversión, empleo e interrelacione al mercado interno y al externo.
Si no se aprovecha esta oportunidad histórica seguramente los recursos del gas natural no aportarán al desarrollo nacional y lo único que se hará es repetir la historia de ser exportadores de materias primas con resultados que ahondarán la crisis y las tensiones políticas y sociales.
En cuanto al Estado, planteamos la necesidad de que los recursos provenientes de los hidrocarburos sirvan para implementar el Banco de Estabilización y Desarrollo Productivo que garantice la utilización productiva de estos recursos.
Y en cuanto a la inversión privada planteamos mecanismos que privilegien inequívocamente la reinversión productiva por sobre el reparto y utilización improductiva y suntuaria de las utilidades.
1.4.2 Minería
El MAS tiene como uno de los sectores importantes dentro de la matriz productiva al sector de industria minería, por ello se plantea:
• Refundar la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como empresa estatal con autonomía de gestión y de derecho público, con capacidad para convertirse en actor principal en la actividad productiva del sector
• Aprobar la Ley para los minerales no metálicos, por no estar legislado en la actualidad.
• Un nuevo régimen económico del sector, para establecer nuevo régimen impositivo y regalitario, para fomentar y viabilizar la reactivación minera
• Establecer una nueva política minera, diferenciando entre pequeñas, medianas y grandes unidades económicas del sector
• Aplicación de una política integral minera, para la producción racional e industrialización del yacimiento minero del Mutún (Santa Cruz)
1.4.3 Desarrollo Rural Productivo
El problema agrario en Bolivia tiene como núcleo central el control de la propiedad de la tierra y del territorio. El conflicto por la tierra y el territorio gira en torno al aprovechamiento de los recursos naturales renovables (tierra, agua, bosques, biodiversidad) y no renovables (minerales e hidrocarburos).
Acorde con su propuesta de cambiar el modelo neoliberal, el MAS impulsa también un Nuevo Modelo de Desarrollo Agropecuario y Rural, por medio de tres grandes procesos en materia de políticas agrarias:
• Reforma de la tenencia de la tierra
• Reforma de la producción agropecuaria
• Reforma en el desarrollo rural
Las estrategias y medidas que se propone para lograr estos trascendentales procesos de reforma son las siguientes:
a) Apoyo a la Producción para la Soberanía Alimentaria
Impulsando la conformación de los Consejos de Desarrollo Regional, para desde allí definir e implementar de manera participativa las políticas productivas.
Transferencia de recursos para la producción por medio de la Banca de Fomento para el Desarrollo.
Otorgación de subsidios a algunos productos alimenticios esenciales.
Creación del Banco de Tecnología para el desarrollo y reestructuración productiva.
Ampliación de las preferencias a los productores agropecuarios nacionales en las compras estatales destinadas a desayunos escolares, centros de salud, cuarteles, recintos policiales y otros.
Fomento a la Transformación y Comercialización de Productos de parte de Comunidades u Organizaciones de Productores
Apoyo a la inversión en infraestructura de acopio, transformación y comercialización.
Implementación de políticas específicas en beneficio de los productores, definidas en los Consejos de Desarrollo Regional.
Regulación de la ayuda alimentaria, prohibiendo donaciones de alimentos transgénicos y estableciendo que la ayuda alimentaria será solicitada por el Estado en caso de desastres naturales o emergencia declarada.
Programa de industrialización de la hoja de coca.
Promoción del consumo de productos locales con alto valor nutritivo.
b) Acceso A Mercados Externos
Fomento a sectores con potencial exportador y acciones gubernamentales de apertura y consolidación de mercados externos para estos sectores.
Democratización del acceso a mercados de exportación, fortaleciendo la producción agroecológica y convencional de unidades familiares y comunitarias.
Promoción y apertura de mercados a productos agrícolas y no agrícolas provenientes del sector comunitario y familiar indígena, campesino y colonizador.
c) Fomento a la Generación de Ingresos y Empleos Rurales no Agrícolas
Fortalecimiento de las ciudades intermedias mediante el incentivo a la generación de mayores servicios.
Fomento a la agregación de valor en el sector forestal y a la oferta maderable para el mercado interno.
Sistema de incentivos a la formación de nuevos sectores agroindustriales.
Inversión en redes de gas domiciliario, agua potable y electrificación rural.
Creación de Centros de Enseñanza Técnica no agrícola en el medio rural para capacitar y promocionar a jóvenes hombres y mujeres.
d) Políticas de Integración Comercial con Soberanía
La agenda de temas de integración comercial de Bolivia seguirá los siguientes lineamientos de soberanía:
Lo que negocie el país no será para debilitar las atribuciones del Estado para implementar sus obligaciones en garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población.
Se establecerá en el país un sistema que dote a los productores de la legislación necesaria, infraestructura y reconocimiento para contrarrestar la concentración del poder de las empresas transnacionales que dominan el mercado agropecuario internacional.
Se participará en aquellas negociaciones cuyas reglas comerciales permitan políticas gubernamentales que garanticen un retorno justo para los agricultores familiares, incluyendo los costos de producción, mano de obra e inversión.
En toda negociación comercial la producción local para consumo local, ser considerado como una opción legítima del país.
El agua no debe ser privatizada y debe ser totalmente excluida de las negociaciones preservando la soberanía hídrica del país.
El sistema de los Derechos de Propiedad Intelectual que se negocie no será para debilitar los derechos del agricultor a guardar, intercambiar y reutilizar semillas.
En espacios de negociaciones comerciales, el país no renunciará a los mecanismos de protección de la producción nacional agroalimentaria.
La forma o mecanismo de negociación de los acuerdos o tratados internacionales, no implicará intercambios (trade-offs) negativos para el país.
BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA