

PROGRAMA DE GOBIERNO - MAS
1.4.4 Tierra Para la Vida y la Soberanía
a) Seguridad Jurídica Sobre Tierras
El Estado respetará y apoyará las inversiones y los derechos sobre la tierra de quienes probadamente la utilizan en forma productiva y sustentable. Para garantizar seguridad jurídica fundada en el cumplimiento de función productiva y social de las tierras, se tomará las siguientes medidas:
Revisión integral del proceso agrario desde 1996 hasta la fecha.
Fortalecimiento y transparencia del INRA.
Relanzamiento del proceso de saneamiento agrario priorizando áreas y conformando comisiones de control social.
Rápida titulación de tierras de los productores comunitarios y privados.
Impulso a los procesos de saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades indígenas y de campesinos originarios en todo el país.
Impulso al proceso de transferencia progresiva a los municipios y actualización permanente del catastro rural.
Riguroso control y sanción a los loteadores y traficantes de tierras rurales en áreas de expansión urbana.
b) Redistribución de Tierras
El Estado controlará la tenencia especulativa e improductiva de la tierra en aplicación de la legalidad constitucional y agraria.
Creación del Defensor Agrario, el mismo que tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de obligaciones de las instituciones agrarias y denunciar ante el Ministerio Público casos de ilegalidades y fraudes con tierras.
Reforma del régimen impositivo agrario, articulado a la verificación en campo del cumplimiento de la Función Económica Social, al valor de mercado local de las tierras y a la fijación de incentivos progresivos y diferenciados según el tipo de propiedad y las inversiones efectuadas.
Regulación de las tierras embargadas que retienen las entidades bancarias, articulando la regulación de las ventas, hipotecas y transferencias al catastro rural.
Reversión de las tierras no trabajadas y sin inversión fija, destinadas a la especulación, según causales constitucionales y legales.
c) Programas de Asentamientos Humanos
Selección e identificación de disponibilidad de tierras fiscales para la redistribución.
Relanzamiento del Programas Nacional de Asentamientos Humanos, en estricto respeto a la capacidad de uso mayor de los suelos.
Registro de demandantes de tierra para su asentamiento en nuevas zonas.
Provisión de infraestructura básica y apoyo estatal temporal para los nuevos asentamientos humanos, en coordinación entre el gobierno nacional, las Prefecturas y los gobiernos municipales.
d) Tierras Forestales
La otorgación de derechos forestales se hará en estricto apego a nuestra soberanía económica y al carácter de patrimonio nacional de los bosques.
Serán suspendidos los procesos de licitación internacional de nuestros bosques.
Control y sanción de los procesos de deforestación y chaqueo en zonas no aptas para actividades agropecuarias.
Incentivo a las actividades agroforestales en el norte amazónico (norte de La Paz , Pando, Beni), declarándolas de interés nacional.
Medidas para garantizar el aprovechamiento forestal con el empleo de mano de obra local y la exportación de bienes con valor agregado.
Medidas de protección de los bosques contra la tala indiscriminada de maderas finas y preciosas.
Regulación de los servicios ambientales derivados de la biodiversidad, vinculados a los derechos sobre bosques.
Prevención y concertación en conflictos originados por la sobreposición de derechos agrarios y forestales.
1.4.5 Agua, Agua Potable y Riego
Diseño de la Estrategia Nacional del Agua y de los Recursos Hídricos en función de la estrategia de defensa de la soberanía y seguridad nacionales.
Rediseño de las políticas y planes nacionales y regionales de riego, ajustados a los objetivos nacionales de la Soberanía Alimentaria.
Diseño de la Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas en función de la estrategia nacional del agua.
Desarrollo de la política nacional del recurso hídrico a través del Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), espacio oficial de diálogo y concertación que reúne al Estado y los diferentes sectores de usuarios del agua para construir y adecuar la política y normativas necesarias para que se ordene y regule la gestión de los recursos hídricos.
Inicio de un proceso de regularización de derechos de aguas a partir de la reglamentación de la Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal (Ley Nº 2878) para que las organizaciones de regantes, comunidades indígenas y campesinas obtengan el Registro de sus Derechos para el uso de sus fuentes de agua para riego.
Aprobación de los reglamentos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley Nº 2066) para evitar que se impongan modelos de empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento básico que privatizan el servicio sin consenso de los usuarios y desconocen los sistemas de provisión de servicios que no tienen como finalidad generar lucro.
Regularización de Licencias de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
Anulación de la indexación al dólar de las tarifas de los servicios básicos, como de agua potable y alcantarillado sanitario, estableciendo una estructura tarifaria indexada a las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
Incremento de la inversión pública nacional, departamental y municipal, en servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para superar los déficit de cobertura.
1.4.6 Biodiversidad y MEDIO AMBIENTE
a) Biodiversidad y Bioseguridad
Elaboración de disposiciones normativas sobre Conservación de Diversidad Biológica, creando un marco institucional descentralizado con participación social y pública.
Fomento a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas u originarias como agentes sociales fundamentales de la conservación.
Fortalecimiento de la Dirección General de la Biodiversidad.
Creación del Instituto Nacional de Biodiversidad, como instancia encargada de la investigación y resguardo de conocimientos colectivos asociados a la biodiversidad.
b) Áreas protegidas y Parques Nacionales
Reestructuración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
Fomento a las actividades forestales, maderables y no maderables dando prioridad a poblaciones originarias, campesinas.
Promoción de la medicina tradicional, incentivando su industrialización.
Incentivo a la producción artesanal (tejidos, transformación artesanal de productos de consumo y uso humano).
Apoyo a la otorgación de derechos para servicios turísticos, en beneficio de las poblaciones y organizaciones locales.
No se otorgarán nuevos derechos de exploración o explotación para el aprovechamiento de recursos mineros e hidrocarburíferos dentro de las áreas protegidas.
El Gobierno desarrollará una estrategia nacional de turismo con inversiones públicas beneficiando a operadores locales, particularmente a aquellos que trabajen con comunidades indígenas y campesinas.
c) Derechos de Propiedad Intelectual Asociados a la Biodiversidad
Creación de un Sistema de Derechos de Propiedad Intelectual Colectiva (SDPIC).
Promoción de la producción diversificada que beneficia la protección de la agrobiodiversidad.
Fomento de la producción orgánica, impulsando una Ley de Productos Orgánicos y la apertura de mercados nacionales e internacionales.
Prohibición del uso de insumos agropecuarios (transgénicos y agrotóxicos) dañinos al medio ambiente y la salud.
Aplicación del Principio de Precaución ante tecnologías inciertas, dañinas y que generan dependencia económica.
d) Medio Ambiente
Fortalecimiento del organismo rector del medio ambiente para que trabaje en coordinación con los Consejos de Desarrollo Regional en el control y monitoreo ambiental.
Lucha contra la deforestación y fomento al cultivo de especies.
Establecimiento de programas de reforestación con participación de los productores individuales y comunitarios.
Impulso a proyectos de silvicultura y de turismo ecológico.
Ejecución del Programa de recuperación de bosques nativos, lucha contra la Descertificación e impulso a programas de uso de tierras.
Protección estricta de las áreas naturales de reproducción del ciclo hidrológico.
Programa de recuperación de suelos erosionados en el occidente andino.
Programas de Manejo integrado de vida silvestre en beneficio de las organizaciones y comunidades locales. Promover el uso de productos naturales.
Establecimiento de un sistema de incentivos de control a la contaminación e implementación de un Programa de Prevención y Control de Incendios Forestales.
Programa de emergencia para la recuperación del Río Pilcomayo, en coordinación con la cooperación internacional y las poblaciones locales afectadas. Control y disminución de los niveles de contaminación del Lago Titicaca.
Articulación de los programas de asentamientos humanos con el manejo integrado y la preservación de recursos forestales y de la biodiversidad.
Resolución de los conflictos ambientales por el uso de aguas, priorizando: a) Contaminación petrolera en el Chaco y el trópico cochabambino, por la actividad de prospección y perforación que contaminan y rompen las venas de las aguas subterráneas; b) Contaminación minera, industrial, química, urbana por aguas servidas, agraria por excesivo uso de agroquímicos y pesticidas.
Seguimiento especial de los efectos a mediano plazo originados por el derrame petrolero de Transredes en Oruro, haciendo cumplir la determinación de la auditoria ambiental.
1.4.7 Industria Manufacturera
a) Estrategia de desarrollo productivo manufacturero
Atención especial al desarrollo y promoción productiva y comercial de los pequeños productores de las cadenas productivas. Se atenderá con metodologías y acciones diferentes de fomento a las grandes y medianas empresas.
El Estado jugará un rol central en el desarrollo productivo manufacturero a través de labores de promoción y acción articuladoras de esfuerzos productivos y orientación de esos esfuerzos hacia los objetivos estratégicos del desarrollo nacional.
Las acciones estatales se concentrarán principalmente en el establecimiento de una institucionalidad adecuada para el financiamiento del desarrollo (Banca para el Desarrollo) y en las acciones de apoyo a la gestión tecnológica empresarial productiva (Banco de tecnología).
Políticas industriales que otorguen tratamiento diferenciado a los micros y pequeñas unidades productivas y a las medianas y grandes industrias.
• Desarrollo e implementación creciente del consumo de productos nacionales a través de compra del Estado boliviano.
• Incentivos a la reinversión productiva de los empresarios nacionales.
• Incentivos vía subsidios temporales por creación de empleo.
• Montaje de fondos de garantía para algunos segmentos industriales.
• Promover y fortalecer la formación de asociaciones productivas en el marco de las cadenas productivas ligadas a la industrialización de recursos naturales.
• Creación y fortalecimiento de mercados y ferias locales regionales y nacionales.
• Creación de empresas comercializadoras a escalas elevadas con recursos humanos calificados.
• Mecanismos de información de precios
b) Propuesta para los Artesanos, Micro y Pequeños Empresarios
La finalidad es amparar, fomentar y promover el desarrollo de la actividad artesanal en lo económico, cultural y social, mediante el reconocimiento jurídico de los artesanos, estableciendo su protección como patrimonio cultural.
Para elevar la productividad y competitividad de la MYPE se promulgará una Ley de Fortalecimiento y Promoción. Se generará políticas públicas para lograr correspondencia entre el marco legal e institucional del Estado con la realidad del sector artesanal, la micro y pequeña empresa.
En la estrategia de desarrollo industrial manufacturero, el gobierno del MAS incorporará al sector de la micro y pequeña empresa como parte importante del proceso de articulación productiva para la industrialización y trabajará en el desarrollo del sector para el potencial competitivo en términos económicos.
Las ramas productivas de la microempresa urbana serán privilegiadas, mientras que para las ramas microempresariales de comercio y servicios se establecerán estrategias de reconversión empresarial productiva progresiva para el mediano y largo plazo es decir que algunas sub-ramas de micro y pequeño comercio y servicios recibirán apoyo para su cambio de actividad de comercio a producción manufacturera.
1.4.8 Turismo Sostenible
El desarrollo de la actividad turística se plantea a través de la puesta en marcha de las siguientes estrategias:
Proceso de Ordenamiento territorial desde la perspectiva turística, para el logro de una práctica sostenible y adecuada a las potencialidades y particularidades de los territorios, regiones y localidades.
Legislación, Reglamentación y Normativa, orientadas a la práctica inclusiva y sostenible de la actividad.
Reformulación y reglamentación a la Ley 2074 de Desarrollo y Promoción del Turismo. Asimismo, la reglamentación a la Ley 1333 de Medio Ambiente, orientada a la actividad turística y la Legislación y Reglamentación orientada a la preservación del patrimonio cultural (arqueológico, científico y folklórico).
Puesta en valor de los recursos turísticos nacionales, para desarrollar un producto turístico sostenible y competitivo, esto implica:
• Acondicionamiento, habilitación y restauración
• Dotación de equipamiento e Infraestructura básica
• Infraestructura Vial
• Tecnificación y profesionalización de los Recursos humanos
• Promoción.
Inclusión de la población local en el proceso de desarrollo turístico en su localidad como actora, beneficiaria y decisora.
Fortalecimiento y profundización de los procesos de Descentralización y de Participación Popular. Descentralización del manejo de recursos destinados al desarrollo turístico, hacia Municipios. Fuerte incentivo a la participación de la población indígena
Conversión del Turismo Sostenible en el Nuevo factor de Acumulación de recursos económicos y Generación de fuentes de empleo
Involucrar a mujeres adultas y jóvenes, a través de actividades directas y empleos en áreas técnicas, profesionales y calificadas (no solamente de apoyo), logrados a través de la tecnificación, capacitación y oportunidades.
Distribución equitativa de recursos económicos generados por la actividad
Ampliación de los beneficios económicos del turismo a Municipios y sociedad local de manera equitativa. Superación de las condiciones de participación de la población local indígena, como mano de obra no calificada o apoyo básico con bajas remuneraciones y pocas oportunidades de crecimiento. Eliminación del monopolio y de la exclusión.
Rescate de saberes, técnicas, tecnologías, etc., en proceso de desaparición. Revalorización de las culturas nativas, para la población nacional y para el turismo externo. Valoración y respeto a la cultura viva en todas sus expresiones.
4.9 Vivienda
a) Objetivos Estratégicos
Articular la política habitacional con la ordenación del territorio, desarrollando reservas territoriales, acordes a la normatividad de desarrollo urbano y rural para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios aptos para vivienda.
Otorgar créditos para materiales de construcción, con énfasis en zonas marginales, ciudades intermedias y rurales, apoyando a las familias con asistencia técnica, supervisión y con precios preferenciales de materiales.
Promover la cultura de ahorro que permita a los demandantes de vivienda, la integración del enganche para la adquisición de la vivienda.
Alentar la igualdad de oportunidades para las personas de bajos recursos, de obtener una vivienda digna completa con crecimiento progresivo, que asegure elevar su bienestar socio-económico, su calidad de vida y la integración familiar.
Proporcionar asesoramiento técnico para intensificar la autoconstrucción dentro el sistema AYNI (cultura andina).
Diseñar y proponer nuevos mecanismos financieros para dar acceso a la vivienda a familias de escasos recursos económicos.
Las entidades coadyuvantes y participantes en este proceso son:
1) Los organismos Gubernamentales (Viceministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Fondos de Vivienda, etc.).
2) Las instituciones de crédito que se acoplen a las nuevas modalidades de otorgamiento de recursos destinados a la vivienda.
3) Los organismos no Gubernamentales que vienen desarrollando políticas y aplicando planes de mejoramiento de la vivienda sobre todo en el área rural.
4) Los organismos de Cooperación Internacional que aportan con políticas y Planes Ejemplares para la mejora de la calidad de vida en los asentamientos urbanos y rurales.
5) Promover ante el Estado los recursos para el financiamiento de vivienda para la población de escasos ingresos, bajo un crecimiento urbano ordenado.
6) Supervisar los recursos que se apliquen adecuadamente, en cada obra realizada.
b) Políticas de Asentamientos Urbanos y Rurales
Apoyo al saneamiento del Derecho Propietario de viviendas emplazadas en sectores de "asentamiento peri-urbanos" con soporte legal y técnico y acciones compartidas con el Municipio local y respetando las normas de derecho urbano y agrario.
Acciones conjuntas (juntas vecinales, comunarios, municipio y entidades proveedoras de servicios) para la expansión de los servicios de infraestructura carentes y mejoramiento de vías de acceso en las zonas deprimidas y alejadas.
Transformación de espacios ociosos (áreas sin destino de uso) para implementar centros de actividad productiva (ferias, talleres, centros de acopio, etc.).
El plan de vivienda, contempla cuatro principales aspectos para promover el acceso a la vivienda priorizando el uso de mano de obra intensivo:
1) Programa de Emergencia Habitacional. Es el Estado quien llevará adelante este programa y estará destinado a familias que estén por debajo de la línea de pobreza.
2) Programa de Crédito Solidario. Este programa contará con una intervención mixta del Estado y entidades financiadoras privadas, el Estado subsidiará en parte la vivienda y las financiadotas, el resto del capital necesario.
3) Cooperativas de Construcción. El alto número de desempleados se organizarán en forma de Cooperativas de Trabajo para la construcción de viviendas a fin de generar una política que simultáneamente resuelva los problemas habitacionales y de empleo.
4) Microempresas para la construcción de materiales de construcción. Generar microempresas capaces de abastecer el mercado interno en la demanda de materiales de construcción.
1.4.10 Transporte, Carreteras y Vías de Comunicación
Es de interés vital para el desarrollo del país tener como prioridad fundamental la construcción de obras viales que unan los centros de producción minera, agrícola, ganadera, hidrocarburífera y sitios da carácter turístico, además construir carreteras que unan el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a través del Perú y Brasil.
La construcción de la carretera asfaltada que una los departamentos de La Paz con Cobija y Cobija con Trinidad es sumamente importante ya que a través de éstas, Cobija se integrara definitivamente al resto de los departamentos. Alternativamente, se apoyará la expansión del transporte ferroviario e intermodal.
a) Obras Viales Secundarias
Las obras viales secundarias en el país en general son de tierra o en el mejor caso están ripiadas, lo cual no garantiza la transitabilidad en época de lluvias, además son escasas, razón por lo cual la producción agrícola y el trabajador campesino no puede comercializar su producción y no produce todo lo que pudiera explotar en un año agrícola. Se priorizará la construcción de carreteras que unan los centros de producción agrícola con las carreteras troncales y poblaciones donde pueda comercializar su producción, asimismo construirá carreteras que unan centros de interés turístico con las ciudades capitales.
b) Servicio Nacional de Caminos (SNC)
Para que la ejecución de una vía no sufra grandes incrementos presupuestarios, se exigirá a los consultores encargados de hacer el estudio, proyecto, presupuesto y pliegos de licitación de los mismos con todos los estudios necesarios como ser topográficos, geológicos, hidráulicos, responsabilidad y obligaciones del control de ejecutor, para que ellos corran con la responsabilidad de subsanar los errores detectados en etapa de ejecución. En caso de que la ejecución del proyecto sufra un incremento mayor al 10%, el consultor devolverá a la institución el 100% del pago que se le hizo por la elaboración del proyecto, por sub o sobre estimación del proyecto.
Para que el Servicio Nacional de Camino (SNC) funcione de mejor manera, se propone:
1) Control social sobre las obras de construcción y mantenimiento vial y prestación de servicios de consultoría.
2) Auditoria Técnica sobre el proceso de institucionalización.
3) Elaborar Normas Jurídicas propias para los procesos de adjudicación y contratación de bienes y servicios y control de derecho de vía.
4) Integración caminera con el Norte y Sur del país.
5) Fortalecimiento de la Cuenta Nacional de Conservación Vial.
6) Creación de la cuenta nacional de inversión vial, para la construcción caminera.
7) Fortalecimiento de microempresas de limpieza y mantenimiento vial.
1.4.11 Políticas de Empleo e Inclusión Laboral
Los sectores que integran la Matriz Productiva son fuentes y responsables para cambiar el curso y las condiciones de los empleos permanentes. Los ejes centrales de las políticas de empleo serán:
1) La inversión pública en infraestructura productiva será privilegiada como un mecanismo de generación de empleo por su alto coeficiente capital/trabajo, su rápido impacto sobre el empleo y su fácil distribución territorial que permite criterios de equidad para la creación de fuentes de trabajo.
2) Respeto y protección a todos los derechos civiles y políticos de los trabajadores, respeto al fuero sindical y apoyo y promoción a la negociación colectiva a través de la Ley General del Trabajo.
3) En tanto los resultados de la implementación de la estrategia de desarrollo industrial, la promoción de las MyPES y las políticas activas de empleo no muestren sus primeros resultados y en la medida en que se logre asegurar los recursos necesarios, se mantendrá en funcionamiento el PLANE de carácter transitorio.
La utilización eficiente de las habilidades y destrezas de la mano de obra está en relación directa con la seguridad y permanencia en el trabajo. Por ello, se restablecerá la plena vigencia de las normas que protegen a la fuerza de trabajo, abrogando y derogando todas las normas que crean incertidumbre y provocan inestabilidad en el empleo. La abrogación del Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985, implica la eliminación de la libre contratación introducida en su Artículo 55. Asimismo, se modificará el Artículo 13 de la Ley de Inversiones No. 1182, del 17 de septiembre de 1990, que incorpora la libre contratación en el tratamiento favorable que se otorga a los inversionistas.
BOLIVIA DIGNA, SOBERANA Y PRODUCTIVA