Abril de cerco para Evo Morales
Por Jorge Lezcano Pérez
Abril 18. 2008
Abril se ha convertido en un mes en el que las oligarquías internas y externas han incrementado las acciones dirigidas a cerrar el cerco que impida al primer y único presidente indígena en la historia de Bolivia cumplir su programa de igualdad, paz y justicia social para todo el pueblo.
Prácticamente no existe una sola área de la vida política, económica y social del país en la que las fuerzas retrógradas, opuestas al cambio, o lo que es igual, a la voluntad y aspiraciones de las mayorías, no estén creándole problemas y tensiones al Gobierno de Evo Morales.
El gobierno viene desarrollando un plan para sanear 13 700 hectáreas en la zona de Camiri, en Santa Cruz, a favor de la población guaraní, que beneficiará también a 10 mil pequeños propietarios y liberará de la servidumbre a decenas de familias guaraníes que actualmente trabajan sin salarios a cambio de un pago en alimentos.
En respuesta a este justo y humano programa, que el Gobierno ha declarado que se hará respetando la propiedad privada ubicada en tierras indígenas, el 4 de abril un grupo de hacendados y ganaderos impidieron por la fuerza –incluyendo grupos armados- que una comitiva del INRA, (Instituto Nacional de la Reforma Agraria, nota del editor) presidida por un Viceministro, cumpliera sus funciones.
Este grupo es liderado por un ciudadano norteamericano, llamado Ronald Larsen que ya ha agredido a dos comisiones en menos de 40 días; propietario de varias haciendas de miles de hectáreas, mantiene una vinculación estrecha con Branco Marincovic, presidente del Comité Cívico que promueve la autonomía de Santa Cruz.
El 7 de abril, el juez de instrucción Iván Sandoval, de la corte de Chuquisaca, ordenó la detención de la presidenta de la Asamblea Constituyente de Bolivia, Silvia Lazarte, alegando normas que disponen que el imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de autoridad; a pesar que, como ha dicho Roberto Aguilar, Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, se trata de un proceso político y los diputados implicados tienen el respaldo que le ofrece el Habeas Corpus. La intención es bien clara, continuar frenando el mandato del pueblo para realizar democrática y legalmente cambios en la estructura política, económica y social del país.
En la primera quincena de abril, Evo Morales ha tenido que enfrentar un paro laboral de médicos de hospitales públicos por incremento salarial superior al 10% ofrecido por el Gobierno, la huelga de unos 4 mil mineros de la mayor mina estatal, reclamando un 30% de aumento de sus salarios, por encima del 20% ofrecido por las autoridades gubernamentales, a su vez, los trabajadores de la Empresa de Correos cumplían dos semanas de huelga por reivindicaciones salariales.
En términos militares podrían calificarse estas huelgas de fuego amigo, ya que son presiones y situaciones de conflictos que generan sectores que, política e ideológicamente y por intereses de clase, debían estar apoyando y facilitando los objetivos estratégicos del presidente Evo Morales.
Por supuesto, que liderando los factores externos e internos que promueven el fracaso de la gestión gubernamental de Evo Morales, está la administración de George W. Bush, quien tiene como su embajador en Bolivia a Philip Goldberg, quien, desde sus funciones diplomáticas en Yugoslavia y Kosovo ha demostrado sus cualidades para organizar planes desestabilizadores de gobiernos constitucionales y para desmembrar países.
Formando parte de sus planes provocadores, el embajador norteamericano se reunió el 15 de febrero con asambleístas de la oposición para debatir la situación política del país.
La posición del diplomático estadounidense es consecuente con la política de la administración Bush contra Evo Morales, anunciada mucho antes de que éste ganara las elecciones presidenciales. El 16 de febrero de 2005, la secretaria de Estado, Condolezza Rice, expresó su preocupación por el fortalecimiento en Bolivia de “ese partido” conformado por cultivadores de coca, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo morales. El 22 de mayo de 2006, Bush declaró estar preocupado por la “erosión de la democracia” que se estaba produciendo en Bolivia.
En fecha más reciente Michael Mc Connell, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, durante una audiencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano, declaró que la democracia está en riesgo en Venezuela y Bolivia, afirmando que Evo Morales aprovechaba su alta popularidad para “debilitar a la oposición y eliminar los controles a su autoridad”. Ya con autoridad el presidente Evo Morales había rechazado un negativo comentario de George W. Bush, negándole autoridad moral para hablar de democracia y derechos humanos, “si él (Bush), quiere ser democrático, por qué no expulsa a Sánchez de Lozada”, sentenció el mandatario bolivariano.
En medio de estas graves tensiones el Gobierno boliviano se esfuerza por cumplir sus programas sociales y económicos y el mandato otorgado por el pueblo para transformar las arcaicas y explotadoras estructuras de dominación heredadas por siglos, mediante el dialogo y la conciliación nacional. En esa dirección han solicitado a la Iglesia Católica y a gobiernos de América Latina intervenir para encontrar una solución pacífica a la explosiva situación boliviana.
Delegaciones de Brasil, Argentina y Colombia ya se encuentran en el país y llevan a cabo conversaciones con el Gobierno y la oposición. También la Organización de Estados Americanos (OEA) está mediando entre las parte en conflicto. En declaraciones a la prensa el canciller brasileño, Celso Amorín, ha declarado que “La visión es intentar buscar sobre la base de la buena voluntad, de la importancia de los intereses superiores del pueblo boliviano, maneras de encontrar soluciones que eviten el conflicto y situaciones que sólo pueden traer sufrimiento para el pueblo”.
Por su parte, llama poderosamente la tensión, la declaración de los obispos católicos, leída por el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Jesús Juárez: “Estamos preocupados por el distanciamiento entre regiones, clases sociales y etnias, la polarización y la influencia de sectores que obstaculizan el diálogo y consenso y que pueden desembocar en confrontaciones con consecuencias imprevisibles de dolor y muerte”.
Como se observa, ambas declaraciones manifiestan serias preocupaciones por la situación actual que pueden desencadenar conflictos que hundan al pueblo boliviano en el caos y la confrontación violenta.
Todas las acciones organizadas en el mes de abril, dirigidas a apretar el cerco desestabilizador al presidente Evo Morales y a la vez continuar maniatando el accionar del Gobierno, tienen las miras puestas en el 4 de mayo, fecha en que debe celebrarse el referendo autonómico convocado por las autoridades de Santa Cruz.
La Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia ha reiterado que no avalará los resultados de los referendos que impulsan sectores de poder opositores en varios departamentos bolivianos. “La CNE no se pronunciará sobre los resultados del referendo en Santa Cruz, ni los avalará a nivel nacional e internacional”, declaró el presidente del máximo órgano rector de los comicios electorales en el país, José Luis Exeni.
A su vez, el Gobierno boliviano anunció su decisión de iniciar procesos legales contra las autoridades departamentales opositoras que impulsan el referendo autonómico en Santa Cruz. “Después del 4 de mayo estamos en la obligación de aplicar la ley contra todas las autoridades que incurrieron en actos ilegales, en el proceso de este referendo autonómico cruceño convocado de manera ilegal, afirmó el ministro de Gobierno Alfredo Roda.
Este panorama que fomenta las fuerzas opuestas al cambio demuestra que la democracia en Bolivia está en peligro y que la voluntad mayoritaria del pueblo- como definición de democracia está amenazada. El peligro y amenaza tiene nombre y apellido: el gobierno de Bush y la oligarquía terrateniente boliviana.
El referendo ilegal del 4 de abril lo es también contra el proceso integracionista de América Latina. Estados Unidos considera a Bolivia como el eslabón más débil de la cadena de la integración y se esfuerza por quebrarlo.
El autor es Asesor del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Fuente: Cubarte
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