

Las elites cruceñas y el gobierno
Por Bernardo Corro Barrientos*
2 enero 2008
Como en otros países, las elites bolivianas están constituidas por diferentes fracciones sociales con acceso privilegiado a los medios productivos y a los recursos generados. Estas elites están constituidas por los grandes banqueros (considerando las proporciones del país), los grandes comerciantes, los grandes industriales, los grandes productores agrícolas y ganaderos, los agroindustriales y los latifundistas o terratenientes. Estas elites constituyen, con sus familias y colaboradores con acceso a los ingresos elevados, menos del 0.5 por ciento de la población.
Los grupos llamados latifundistas no deben ser en Bolivia confundidos con los grandes y medianos productores agrícolas y ganaderos. Mientras estos utilizan una parte mayoritaria o importante de sus tierras para producir bienes –cumplen de acuerdo a la ley el fin económico y social de su propiedad-, aquellos utilizan la mayor parte de las tierras para fines no productivos y especulativos, para acapararlas y luego venderlas a precios elevados, para hipotecarlas y conseguir préstamos bancarios destinados a otras actividades, etc.
Antes de los años cincuenta los terratenientes, de origen colonial, presentaban otras características. Esos terratenientes, además del acaparamiento en general ilegal y violento de superficies productivas y ociosas, se caracterizaban por la apropiación gratuita del trabajo y del producto generado por los campesinos “pongos” en las tierras apropiadas. El latifundista ya sea “prestaba” al campesino una parcela a cambio de que éste le produzca gratis una parte de su cosecha, o le obligaba a producir gratis en las tierras del patrón. Una parte importante de este tipo de latifundismo fue suprimido de manera violenta por la insurrección armada de los años cincuenta del siglo pasado.
El origen y características de los latifundistas actuales asentados sobre todo en la región de Santa Cruz y en otros departamentos del trópico del país son diferentes y recientes. Este latifundio surgió y se expandió en el país durante las últimas tres a cuatro décadas gracias al acaparamiento y confiscación de inmensas superficies para fines no directamente productivos, al amparo de los gobiernos de facto y neoliberales. Una gran cantidad de estos casos fue realizada al margen de las leyes existentes y mediante el despojo de muchas comunidades campesinas y originarias. Se considera que este grupo de latifundistas constituye actualmente la punta de lanza opositora al gobierno del presidente Evo Morales y fracción hegemónica de las elites cruceñas.
Las diversas fracciones de la elite cruceña –banqueros, grandes comerciantes, industriales, etc.-, surgieron y se expandieron, sin embargo, casi simultáneamente a la latifundista y de manera integrada a ella. Para nacer y fortalecerse contaron con el apoyo variado y prolongado del Estado Central, primeramente del Estado Central Autoritario (décadas 50, 60 y 70), así como del Estado Central Neoliberal (décadas 80, 90 y principios del 2000).
Durante estas décadas las fracciones mencionadas recibieron múltiples apoyos de los gobiernos sucesivos del Estado Central. Se beneficiaron en particular de amplios apoyos crediticios de los bancos estatales (muchas veces sin devolución), de consecutivas liberaciones de impuestos de importación de insumos, de rebajas de tarifas de transporte ferroviario, así como de preferencias arancelarias y comerciales con el exterior. El subsidio millonario al diesel desde hace muchos años, combustible estratégico para los productores y exportadores de soya, alcanza proporciones escandalosas para un país pobre como Bolivia. Este subsidio es decisivo para posibilitar la producción y exportación de la soya a los países de la Comunidad Andina , principal mercado de este producto de la elite latifundista cruceña.
Se puede afirmar con absoluta propiedad que esta elite fue y sigue siendo la más privilegiada entre las diversas elites del país, por el apoyo sin límites y permanente del Estado Central y por los gobiernos de facto y neoliberales de los últimos cuarenta años.
Lamentablemente, pese a estos apoyos y al tiempo transcurrido, esta elite no llegó hasta el presente a ser competitiva ni interna ni externamente. Sigue dependiendo fuertemente de los subsidios y apoyos del Estado, así como de las preferencias arancelarias de la Comunidad Andina. Las importaciones inminentes de soya desde Estados Unidos a Perú y Colombia y las probables desde el Mercosur, debido a sus bajos precios, constituyen la peor pesadilla para la elite cruceña.
Así como tuvo acceso a los apoyos del Estado Central, esta elite tuvo también acceso al poder político de nivel nacional. Representantes de esta elite tenían acceso prominente y permanente tanto a las altas cúpulas de los partidos políticos tradicionales neoliberales, como a las altas funciones de autoridad del gobierno central y de los poderes del Estado, es decir, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Ningún otro departamento tenía este tipo de acceso avasallador al poder político del país. Constituía, por consiguiente, una poderosa elite de poder político y económico de nivel nacional, y no simplemente departamental.
Gracias a este acceso y al control del poder político y económico del Estado Central durante muchas décadas, esta elite constituyó en realidad el grupo de poder hegemónico más fuerte del conjunto de la elite gobernante del país. En otras palabras, esta elite asumió sobre todo para su propio beneficio la dirección política y económica del país durante estas últimas décadas. En este sentido podemos hablar con propiedad de una verdadera oligarquía, es decir que ejerce el poder político y económico para su beneficio exclusivo y excluyente.
Las elites de los otros departamentos eran elites subordinadas a ella, incluso la de La Paz , incapaces de absorber por si solas, como la oligarquía cruceña, los recursos del Estado Central. Un indicador de esta hegemonía puede ser verificado en los montos anuales de inversión pública y privada, siempre mayores con mucho respecto a los asignados y canalizados a otros departamentos.
El resultado de las acciones y decisiones gubernamentales políticas y económicas hegemonizadas y dirigidas por esta elite gobernante, de carácter fuertemente exclusiva regionalmente, no dio los frutos proclamados en cuanto al desarrollo nacional equilibrado, al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de la población, a la estabilidad económica, al desarrollo de la infraestructura, etc. En otros términos, con la hegemonía de esta oligarquía el país se estancó durante estas décadas, retrocedió en algunos sectores estratégicos como en el caso de la agricultura de alimentos, los hidrocarburos, la minería y la industria manufacturera. Debido a este estancamiento y atraso, así como por el empobrecimiento de la mayoría de la población, el país se caracterizó por la inestabilidad política y económica permanente.
El modelo económico y político vigente en el país y hegemonizado por la oligarquía cruceña entró en crisis de agotamiento desde principios de los años 2000. El deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la corrupción y las injusticias sociales acumuladas, generaron los movimientos y presiones sociales de protesta de principios de los años 2000 y, con el tiempo, el colapso de los partidos tradicionales neoliberales y gobiernos dirigidos por la oligarquía mencionada.
Ante este panorama político y económico de estancamiento y fracaso y ante el cuestionamiento social cada vez mayor contra el neoliberalismo y sus partidos tradicionales por parte de los sectores sociales pobres residentes tanto en Santa Cruz como en otras regiones, la elite política cruceña, replegada ahora a su departamento y sin partidos políticos de nivel nacional que la representen, comenzó a asumir actitudes separatistas y un discurso racista enarbolados por un “comité cívico”. El comité es, en realidad, la oligarquía cruceña misma constituida en organización política, es decir, en organización política que lucha por los intereses económicos oligárquicos excluyentes.
Se considera que el actual discurso racista y separatista de esta elite fue inspirado por grupos de inmigrantes recientes de origen croata, alemán, brasileño, argentino y menonita, el grupo mayoritario de los latifundistas cruceños. La ideología dominante de esta oligarquía, fundada en la creencia de constituir una raza superior a los grupos sociales del país, minó y rechazó el dialogo con las fuerzas políticas democráticas en ascenso y luego en el gobierno encabezadas por el presidente Evo Morales. Mediante un discurso “anticolla” y antiboliviano demagógico, un pequeño pero económicamente poderoso grupo latifundista de la elite cruceña logró convencer a muchos ciudadanos y a enfrentarlos contra el gobierno del presidente Morales.
La oligarquía cruceña reconoce desde principios de los años 2000 la existencia para ella de un panorama económico futuro sombrío y cargado de incertidumbre. Pese a los prolongados apoyos del Estado durante décadas, esta elite dependiente del Estado Central, no pudo consolidar su poder económico y acceder a un mejor nivel de competitividad económica interna y externa.
Ante estas circunstancias, debido a esta dependencia estructural, la separación del departamento de Santa Cruz respecto del país y del Estado Central no contribuiría como piensa el comité, a mejorar la situación económica tanto de la elite como del departamento. La elite sola no podría, por ejemplo, mejorar sus términos comerciales con la Comunidad Andina , su principal mercado de exportación. En otros escenarios económicos sucede lo mismo. Con la separación efectiva, lo que realmente pide con el estatuto autonómico, su economía se derrumbaría de inmediato.
La elite cruceña ofrece actualmente una serie de compensaciones y transferencias a los otros departamentos de la “media luna” y a los otros para que la apoyen en su aventura destructiva. Estas ofertas propuestas en su “estatuto autonómico”, se muestran en realidad como imposibles de cumplir en el futuro próximo o mediato. Ella misma necesitaría de esos recursos - los impuestos departamentales y los subsidios nacionales– para poder subsistir por un corto tiempo.
Un futuro promisorio racional, con muchas proyecciones y beneficios para las diversas fracciones de la elite cruceña y de la “media luna”, se encuentra en realidad en el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones con el Estado Central Democrático personificado por el gobierno del presidente Evo Morales.
Las propuestas económicas del gobierno actual en relación con la explotación e industrialización de los recursos naturales, las inversiones internacionales en preparación en estas áreas, los nuevos planes y proyectos de desarrollo rural y agropecuario, el desarrollo de la industria manufacturera urbana y rural mediante, entre otros programas, la redistribución del ingreso a los grupos sociales vulnerables, y los acuerdos comerciales internacionales en negociación, constituyen perspectivas innovadoras muy promisorias para el desarrollo de los sectores productivos y empresariales del país. Es imposible imaginar que las elites empresariales mencionadas y las del país, puedan encontrar, en otros contextos y esquemas políticos y económicos, mejores perspectivas futuras para su desarrollo.
* Bernardo Corro Barrientos es Doctor en Economía. Cel 712 82202
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