Modelo económico autonomista del comité cívico de Santa Cruz
Por Bernardo Corro B.
3 enero 2008
¿Es viable el modelo de desarrollo económico que conlleva el “estatuto autonómico" elaborado por el comité cívico de Santa Cruz? Para sus autores, el estatuto permitirá el desarrollo económico no solo de Santa Cruz, sino de todo el país. La autonomía significaría simplemente una mayor descentralización y democracia en la gestión de los recursos. Para otros, diferentemente, el modelo propuesto implica una brutal ruptura de la unidad del país y la postergación del desarrollo equilibrado de las diversas regiones. Para dilucidar la controversia es necesario, primeramente, precisar en qué consiste el modelo propuesto y en segundo lugar, determinar su potencial económico y social en el contexto nacional e internacional.
El “estatuto”, que no es más que un resumen de las propuestas de autonomía planteadas desde el 2003, delinea de manera muy general las características del modelo a nivel económico. Por consiguiente, solo un análisis profundo de esta propuesta, en contraste con la dinámica histórica real, permitirán determinar con claridad la viabilidad presente y futura de este modelo.
El modelo no presenta, como podría pensarse, aspectos innovativos de fondo, respecto a lo que fue y es la economía departamental desde hace varias décadas. No hay propuestas referidas, por ejemplo, a proyectos de desarrollo específicos. Se puede decir, en este sentido, que se trata de una especie de “modelo tradicional”.
La estructura de este modelo surgió desde los años cincuenta, sesenta y setenta, gracias al fuerte apoyo del Estado central autoritario (civiles y militares alternativamente) dominante durante esas décadas. Gracias a este Estado, se facilitaron las distribuciones legales e ilegales de inmensos territorios a nuevos latifundistas provenientes tanto del departamento, como de otras regiones del país y del exterior. El nuevo latifundio constituye, por consiguiente, el primer elemento o factor, del modelo de desarrollo objeto de este análisis. Este latifundio se caracterizó por producir en una mínima parte, y en dejar ociosa a la inmensa mayor parte. El acaparamiento de tierras se realizó en muchos casos mediante despojos amañados de las comunidades indígenas asentadas ancestralmente, en complicidad con la administración estatal.
Una parte importante de los nuevos latifundistas –se afirma cerca de la mitad- son inmigrantes de mediados del siglo pasado de países como Alemania, Brasil, Argentina, Yugoslavia, y numerosos menonitas provenientes de Estados Unidos. Estos “colonizadores”, generaron también un ambiente de diferenciación y superioridad respecto a los valores culturales locales y nacionales.
Un segundo factor de carácter estratégico es el financiamiento y los subsidios de origen estatal a las iniciativas latifundistas y empresariales del departamento. Este apoyo permanente a través de las décadas fue realizado tanto por el Estado central autoritario mencionado, como posteriormente, desde los años ochenta y hasta principios de los 2000, por el Estado Central neoliberal. El financiamiento fue realizado con los recursos de la nación, generados por otras regiones y sectores productivos, mediante los bancos estatales de fomento como el Banco del Estado y Agrícola. Una parte mayoritaria de estos préstamos fueron luego condonados o simplemente no devueltos. Estos préstamos constituyeron la base de la fortuna de la elite latifundista y empresarial cruceña.
Un tercer factor del modelo estuvo constituido por la inversión pública masiva durante estas décadas por el Estado Central, tanto autoritario como neoliberal, dirigida a la construcción de importantes obras públicas de infraestructura física y social. Gracias a esta generosa inversión pública – en las últimas décadas la más cuantiosa respecto a las recibidas por otros departamentos- el Estado Central logró construir la mejor y más extensa infraestructura carretera y física del país, la mejor infraestructura eléctrica, de extensión agrícola y pecuaria, etc. La empresa estatal de construcción de carreteras y de infraestructura física, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), pese a que sus recursos eran generados por el sector andino del país, abandonó a esta región y logró sus mejores resultados en el sector no andino.
Un cuarto factor está constituido por el apoyo diversificado de los gobiernos sucesivos a la elite latifundista en cuanto a los múltiples subsidios estatales a individuos o a grupos, como en las rebajas sustanciales en los precios del diesel (alrededor de 180 millones de dólares anuales en los últimos años, subsidio crucial que permite el transporte de las exportaciones de soya en particular al Mercado Andino), en tarifas ferroviarias anteriormente, liberaciones de impuestos de importación de bienes de capital y otros.
Un quinto factor lo conforman las preferencias arancelarias otorgadas al país por la Comunidad Andina , en particular a la soya, principal producto de exportación de la elite latifundista cruceña. Gracias a estas preferencias, el sector latifundista puede vender un producto subsidiado y caro a los países de la Comunidad Andina. Por preservar este privilegio, el país no puede ser miembro pleno del Mercosur, cuyos miembros son los primeros productores mundiales de soya a precios competitivos.
Ningún otro sector social del país recibió en la historia tantos beneficios del Estado y durante tanto tiempo. El concepto de oligarquía define muy bien la conducta de esta elite ya que significa que ejerce un gobierno para su propio beneficio exclusivo. Aparentemente tampoco existen precedentes similares en América Latina. Estos subsidios estatales ad infinitum , sin metas ni temporalidad, entran en realidad dentro de la categoría de prácticas comerciales “ineficientes y desleales” de acuerdo a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas prácticas suponen, además, que la economía castiga a los productores eficientes y premia a los deficientes, lo que causa graves distorsiones en la estructura productiva del país. Esto se traduce, con el tiempo, en el crecimiento de un sistema desproporcionado que genera alta concentración del ingreso y una brecha creciente entre una minoría de ricos y una inmensa mayoría de pobres. Para darse cuenta de
Al cabo de cerca de cinco décadas de apoyos estatales, la base económica de la elite de Santa Cruz no llegó a consolidarse, es decir, a construir una economía competitiva interna y externamente, libre de subsidios y generadora de recursos para el desarrollo de otras áreas. Continúa siendo una elite no competitiva, de baja productividad, altamente dependiente del Estado Central, gran derrochadora de los escasos recursos de la Nación. Esta incapacidad significa que para continuar subsistiendo requiere en el futuro de mayores apoyos del Estado. Para un país en desarrollo como Bolivia, con inmensos sectores pobres, esto significa continuar realizando enormes sacrificios y dejar en el abandono a otras regiones y sectores pobres.
Con la crisis y el colapso del Estado Central neoliberal, desde principios de esta década, y la crisis simultánea de los partidos neoliberales, desapareció el sustento político y financiero de la elite dependiente. Las fuentes tradicionales de financiamiento, la base real de su poder, se encontraba en crisis. Desde entonces, por consiguiente, la elite latifundista proclama la autonomía e incluso la separación del departamento de Santa Cruz respecto al país. Esta demanda se acrecentó con el triunfo electoral de Evo Morales y con la perspectiva de la implantación de un Estado Central democrático en sustitución del colapsado Estado central neoliberal.
Llegados a este punto, se puede ahora describir con fundamento el modelo de desarrollo propuesto por el “estatuto”. Lo que este pretende es en realidad establecer un sistema de “gobierno central departamental” organizado para sustituir las funciones tradicionales de apoyo y de subsidios del Estado Central neoliberal colapsado. El nuevo gobierno tendrá la misión de preservar y reproducir el actual modelo productivo dependiente, sobre todo en lo concerniente al control de la tierra por los latifundistas, así como a los recursos financieros de subsidios y financiamiento. No se diferencia, por consiguiente, del modelo dependiente del Estado Central autoritario o neoliberal analizados.
Las “competencias exclusivas” propuestas del gobierno departamental relativas a la gestión de la propiedad de la tierra, al sistema electoral departamental, a la justicia departamental, al sistema de recaudación tributaria departamental, a la planificación regional, a las leyes departamentales, a la policía departamental etc., tienden directamente a reproducir el sistema dependiente anterior y no a crear un nuevo sistema fortalecido y competitivo interna y externamente. La única diferencia parece estar en que si antes los subsidios y apoyos eran asignados por el Estado Central neoliberal, ahora lo serán mediante el “gobernador departamental” y su sistema propio de administración.
En cuanto a los recursos, financieros, estos provendrían de aquellos generados y recaudados en el departamento por la explotación de gas, de minerales como los del Mutún, de las actividades agrícolas y otras. La recaudación tributaria sería realizada por una entidad departamental y parte de los recursos recaudados serían remitidos al gobierno central. Como se sabe, estos recursos son utilizados actualmente, por el Estado Central democrático, en el desarrollo equilibrado de los diversos sectores productivos y regiones del país. Sin estos recursos, desaparecería la posibilidad de este desarrollo equilibrado.
El “estatuto” plantea, sin embargo, que no admitirá la existencia del latifundio improductivo y que promoverá la función económica y social de la tierra. Esto suena, sin embargo, bastante extraño ya que el Comité Cívico no admite la existencia actual del latifundio en el territorio de Santa Cruz.
Finalmente, se debe admitir que la propuesta del estatuto n o consiste simplemente en un proyecto de “descentralización administrativa más profunda” o “más democrática”, como se lo presenta.
* Doctor en Economía. BCORRO@GMAIL.COM